viernes, 13 de diciembre de 2019
Medioambiente

Una ley para enfrentar el cambio climático

En la última sesión parlamentaria antes de la asunción del nuevo Gobierno se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para el Cambio Climático. La iniciativa establece estrategias transversales, crea un consejo asesor e involucra a las provincias en el cumplimiento de acciones para mitigar su impacto, que afecta sobre todo a los más vulnerables.

Por Nadia Luna

 

 

Agencia TSS – La lucha contra el cambio climático ya es ley. En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que en junio había obtenido media sanción en el Senado. Entre los principales puntos de la normativa, otorga un mayor rango al Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado por el Decreto 891/2016. También crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y estipula que todas las provincias deben adherir a las acciones mínimas establecidas por la flamante normativa.

“Esta ley es muy importante para la lucha contra el cambio climático porque, si bien había una cierta continuidad en la elaboración de propuestas, las acciones dependían mucho de los cambios de gobierno. Otro punto importante es que el tema venía estando solo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y articulaba con otros ministerios en la medida en que éstos le prestaran algo de atención, pero no tenían ningún compromiso de hacerlo. Ahora el Gabinete obliga a esas áreas a sentarse en una mesa para trabajar sobre cambio climático”, le dijo a TSS Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA–CONICET/UBA) y vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El Gabinete Nacional de Cambio Climático está integrado por los titulares de todos los ministerios y el trabajo técnico se realiza a través de mesas temáticas. Sus objetivos principales son establecer estrategias para estudiar los impactos del cambio climático, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos en las poblaciones y los sistemas naturales. “Da un plan de trabajo con acciones claras y actores bien definidos. La ley habla sobre cómo ese Plan tiene que realizarse de forma participativa e involucra a las provincias en el cumplimiento acciones mínimas”, indica Vera.

“La ley es muy completa porque ordena cosas que se estaban haciendo de forma fragmentada y también impulsa otras”, dijo Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA–CONICET/UBA) y vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

 

El carácter participativo de la ley también se reflejará en la composición del Consejo Asesor Externo, que será convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, e integrantes de partidos políticos con representación parlamentaria.“Ese balance entre los conocimientos que vienen de la ciencia, las organizaciones civiles y el sector político me parece clave. Si bien las recomendaciones serán de carácter consultivo, la ley establece que el Gabinete las tiene que considerar obligatoriamente. Por lo tanto, si las desestima tiene que decir por qué”, explica la científica.

La iniciativa fue presentada por el senador Fernando “Pino” Solanas y su elaboración contó con el trabajo de expertos de diversas áreas y organizaciones socioambientales. Las acciones de estas agrupaciones, como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, fueron fundamentales para conseguir la ley. Según Vera, “ellos se pusieron al hombro la iniciativa y la militaron hasta el último minuto. Las voces de los jóvenes en las calles lograron que se escuchara el reclamo mejor de lo que pudimos transmitir los científicos”.

Otro punto central de la ley es que crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, que tiene el objetivo de transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y monitorear las medidas de mitigación. “La ley es muy completa porque ordena cosas que se estaban haciendo de forma fragmentada y también impulsa otras. Solo me preocupa un aspecto y es que ojalá en el organigrama del Gobierno que inicia su mandato el área de Ambiente tenga la jerarquía que se merece. Eso implicaría completar lo que se hizo con la aprobación de esta ley”, considera la investigadora.

América Latina es considerada la región más desigual del mundo y el problema del cambio climático está estrechamente vinculado con el de la desigualdad social. Según el economista serbio-estadounidense Branko Milanovic, el 10% de la población mundial, que concentra el 50% de los ingresos económicos, es responsable de emitir el 50% de los gases de efecto invernadero.

La iniciativa fue presentada por el senador Fernando “Pino” Solanas y su elaboración contó con el trabajo de expertos de diversas áreas y organizaciones socioambientales. Las acciones de estas agrupaciones, como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, fueron fundamentales para conseguir la ley.

 

“El cambio climático y la desigualdad social son síntomas de una misma causa, que es la falla estructural que tiene el modelo capitalista. El impacto del cambio climático, a través de olas de calor, inundaciones y sequías, es una combinación de la amenaza climática junto a las condiciones de vulnerabilidad preexistentes. La ley plantea esta combinación y la necesidad de mapear para poder definir políticas públicas que atiendan el impacto como una construcción socioclimática”, comenta Vera.

La investigadora resalta la importancia de avanzar hacia un mayor desarrollo industrial que implique menor dependencia de los recursos naturales, pero esa transición debe estar en armonía con el ambiente. “Es posible pasar a un sistema agrícola-ganadero más sustentable pero hay mucho lobby por parte de las corporaciones para que no se haga. Por eso, la Argentina no va a salir de la crisis solo atendiendo al sector económico, industrial o ambiental. Tiene que haber políticas transversales que apunten a un desarrollo que favorezca la creación de trabajo y al mismo tiempo no atente contra los bienes naturales”, sostiene.

La ciencia y la tecnología también cumplen un rol clave en el aporte de soluciones para la crisis socioambiental. “La transición del sector energético a energías renovables trae oportunidades de innovación que necesitan de los sectores de ciencia y tecnología, empresas y universidades. El Gobierno actual pero lo hizo abriendo el mercado, pero la industria argentina no puede competir en la construcción de paneles solares con China. Tiene que haber una promoción a la industria local y esto es posible, pero es fundamental que el área de Ambiente pueda tener voz en las políticas transversales. Por eso esta ley es tan importante: se le está dando esa jerarquía y ojalá se pueda concretar”, finaliza Vera.

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