lunes, 21 de septiembre de 2020
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Se realizó una jornada abierta y virtual sobre Cannabis Medicinal en San Luis

En el marco de la Ley Nacional 27.350, el objetivo fue difundir las iniciativas que se están realizando en la provincia en torno a la planta.

Por iniciativa del área de Vinculación Tecnológica del Centro Científico Tecnológico CONICET San Luis, se realizó una jornada virtual abierta en la que se dieron a conocer las múltiples iniciativas y grupos de Cannabis Medicinal que están trabajando actualmente en esta provincia. En ese sentido, se reflejó el potencial científico que existe en la zona para abordar la temática, y también se repasaron aspectos jurídicos técnicos a tener en cuenta.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, Mario Pecheny, y el director del Centro Científico Tecnológico CONICET San Luis, Luis Cadus. “Esta es una necesidad para una gran parte de nuestra población: el uso terapéutico del cannabis. Algo muy obvio es que si hay algo que puede aliviar el sufrimiento de las personas, no solo es la responsabilidad del Estado hacer que el acceso a eso sea universal –comenzó su alocución Pecheny-. Sin embargo, las drogas están rodeadas de prejuicios y preconceptos, y hace falta valor para salir de esa circunstancia de prejuicio y preconcepto. Desde el CONICET se está avanzando en poder estudiar qué beneficios nos puede dar el cannabis como respuesta a distintos padecimientos”.

Cadus, por su parte, subrayó que si bien la actual reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal aun restringe las tareas de investigación, dicha reglamentación está en proceso de cambio, “y nosotros nos estamos preparando analíticamente para que cuando esté reglamentada la ley podamos prestar servicios”, dijo en referencia a las iniciativas que se están realizando en San Luis. “Sabemos que hay urgencias en la sociedad, pero nosotros no podemos hacer otra cosa que prepararnos: estamos equipando nuestros institutos y laboratorios”. Cadus explicó que uno de los proyectos que están impulsando se centra en el estudio de

los fitocannabinoides de la planta de cannabis. “Nuestro objetivo es determinar cannabinoides para cuantificar y poder rotular un producto. Estamos desarrollando una plataforma de análisis de cannabinoides”. En tal sentido, indicó que “todas las ramas de la química necesitan técnicas adecuadas para cuantificar, y saber qué productos sirven, mejorar la producción de medicamentos y demás.

Nuestros objetivos son tratar de proveer herramientas analíticas para implementar de manera rutinaria para evitar adulteraciones, poder caracterizar la química de los productos derivados de la planta del cannabis, y sobre todo determinar la potencia requerida por regulaciones nacionales e internacionales para uso médico farmacéutico. Es un desafío muy grande que requiere de una etapa de investigación que pretendemos abordar hasta que se reglamente la ley”.

Por último, señaló que “la urgencia es grande, pero el país hoy está inmerso en una problemática tremenda con la pandemia del coronavirus. Lo que queremos hacer en San Luis es analizar muestras complejas de cannabis, para poder aplicarla en diversas áreas a nivel social. Obtener una plataforma sólida de análisis, desarrollando metodología de análisis de cannabinoides. Eso es para dar garantías a la población de lo que estará consumiendo”.

 

 

 

Implicancias legales

En la segunda mesa de la charla, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y responsable técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, disertó sobre los aspectos legales, reglamentarios y antecedentes de la ley 27.350, señalando que en la actualidad la reglamentación vigente se encuentra en proceso de estudio y revisión por la Autoridad de Aplicación. Lo acompañó Sergio Romano, gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, que habló del rol de la Vinculación Tecnológica del CONICET en la temática. “En primer lugar quiero destacar que esta ley, que es del año 2017, posteriormente reglamentada con decretos y resoluciones, no hubiese sido posible sin la acción de las organizaciones de la sociedad civil –señaló Temiño-. En particular a través de las asociaciones de madres con hijos con distintas patologías y las vinculadas al autocultivo. Les propusieron a los legisladores y al poder Ejecutivo distintos proyectos, y finalmente luego de varios debates se llegó a la ley 27.350. No es la mejor ley, pero evidentemente fue la ley posible de acuerdo a la conformación del Congreso en ese momento de sanción”.

Temiño repasó distintos artículos de la ley. “Esta normativa crea un marco regulatorio en su artículo primero para la investigación científica y médica de la planta. De alguna manera, es amplio. El segundo gran objetivo de la ley fue crear un programa, en el artículo segundo. Es lo que hoy está vigente pero con varias trabas. Los objetivos del programa –que están retrasados, por la pandemia pero también porque en los últimos dos años no se avanzó-, son emprender acciones de promoción para garantizar el derecho a la salud, garantizar el acceso al aceite gratuito, establecer la eficacia para cada indicación terapéutica al tratamiento. El otro tema que trata la ley es la autoridad de aplicación, que se da en el ámbito del Ministerio de Salud. La política del cannabis medicinal según la ley es promovida para todo el territorio argentino”, dijo.

Por último, Temiño comentó que en los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020 se entregó un documento al Consejo Consultivo, desde la coordinación científica de la Red de Cannabis Medicinal del CONICET a través de los investigadores del CONICET Pecheny y Silvia Kochen, “y tuvo muy buena acogida en el seno del Consejo Consultivo, para modificar, ampliar, aclare la ley con ese decreto de reglamentación. La misma ley, en su artículo diez, señala que en los laboratorios de producción pública se va a impulsar su producción y eventual industrialización vinculada al uso exclusivo medicinal.

En este marco, en los próximos meses nuestros CCT van a ser muy importantes para emprender acciones coordinadas desde el CONICET Central, para recibir los aportes de los CCT e institutos de manera coordinada alrededor del cannabis medicinal de uso científico”, manifestó.

A su turno, Sergio Romano destacó las capacidades del CONICET en torno al cannabis medicinal. “Tenemos muchas líneas de investigación, unas quince dentro del CONICET además de las que mencionó Luis sobre cannabis, para un abordaje seguro, integral, con conocimiento científico en nuestros más de 300 laboratorios que tenemos en el país, que hacen investigación en torno al

cannabis, pero también en disciplinas como el agro, incluso en Ciencias Sociales: hay un abordaje del cannabis que hay que cubrir desde todas las miradas de la ciencia. Por eso celebro que en San Luis se piense en un abordaje integral del cannabis, de todos los investigadores e investigadoras”.

Romano dijo que “tenemos la obligación de transferir nuestro conocimiento, el decreto y las leyes hablan que tienen que aportar a la economía nacional y a mejorar la calidad de vida de la población. Tenemos la experiencia para transferir y vincular lo que pasa en nuestros laboratorios a la sociedad, no solo las capacidades y el conocimiento en términos científicos. La reglamentación va a tener que ir construyéndose, por eso es necesario este tipo de encuentros. El potencial está, y va a estar a disposición, nosotros queremos ser un actor protagonista para acompañar a la sociedad”.

 

 

 

Desafíos en marcha en torno al cannabis

A continuación, se llevaron adelante distintas exposiciones alusivas a la temática del cannabis. En primer lugar, la Coordinadora de Salud, Biotecnología y Alimentos, responsable de Asuntos Regulatorios de la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET, Silvia Lede, habló sobre los Proyectos de Cannabis Medicinal: de la idea a su ejecución, y sobre las Consideraciones técnicas en el abordaje de proyectos de Cannabis Medicinal.

Lede dio una idea desde la parte operativa de qué consideraciones se deberían tener para el abordaje de los proyectos de Cannabis. “Es común que hoy en día recibamos distintas consultas, del sector público y privado, porque hay un marco regulatorio dado por la ley y su decreto reglamentario que define muy bien cuál es la autoridad de aplicación: el Ministerio de Salud. Recibimos preguntas sobre qué se puede hacer, cuáles son las entidades que pueden trabajar junto con Conicet, cuáles son los objetivos”, explicó. “Hoy por hoy CONICET ha sido capacitado para trabajar en la investigación médica y científica del cannabis, junto al INTA. Nosotros acompañamos a los solicitantes, tratando de que lleven delante de la ley 27350. Posiblemente haya un punto de inflexión en cuanto a los actores y las posibilidades una vez que se adapte la reglamentación de la ley”.

En cuanto a qué puede hacer CONICET en sus proyectos hoy, indicó que “puede avanzar en la genética del mejoramiento de los cultivos, la química de los cannabinoides, trabajar en genética molecular, farmacología o cualquier otra actividad científico tecnológica orientada a dar respuesta al tema social y de salud”.

Lede indicó que “una vez que uno tiene un proyecto de desarrollo de investigación, ese proyecto se tiene que presentar dentro del Programa Nacional creado por la ley, en el Ministerio de Salud, para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta del Cannabis. Para gestionarlo, se hace a través de la OVT, GVT o la Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico del CONICET, donde evaluaremos los objetivos, tomaremos las consultas, y lo evaluaríamos junto con el Directorio en el marco de la ley actual”.

Más adelante, Lede aclaró que “hay que considerar que más allá de que tengamos una innovación y un cambio a nivel de la ley, trabajar con cannabis es trabajar con un material biológico de utilidad a nivel de salud, y en tal sentido hay que tener en cuenta habilitaciones, registros y autorizaciones para la obtención y el registro de los productos que le suministrarán a los pacientes. No es un procedimiento atípico, sino que es un procedimiento que se con todos los materiales biológicos que quieran o ingresar o cultivarse en el país, en especial para asegurar la salud de la población”.

“Cuando uno piensa en diseñar un proyecto –continuó Lede-, es importante la trazabilidad y la seguridad: considerar el tipo y el origen de los materiales”. También explicó el circuito de autorizaciones, mostró ejemplos de proyectos con cultivo, en los que también hoy el Ministerio de Seguridad inspecciona, habilita y comunica sobre el cultivo, para que se apruebe el proyecto del solicitante. Y mostró ejemplos de protocolos aprobados para ensayos clínicos para evaluar la efectividad de cannabis, para dar a los asistentes una idea de los pasos que deben darse para presentar proyectos. “Esta ruta puede cambiar, pero no la atención que hay que darle a los que autorizan el material biológico que va a desarrollar productos para la salud. El foco en la seguridad, calidad y eficacia va a continuar. Pueden consultarnos y los vamos a guiar para generar proyectos sobre cannabis y poder generar convenios para el estudio”, concluyó.

Luego, la Coordinadora de Gestión Técnica de la Secretaría Privada de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Norma Belixan, dio un pantallazo del enfoque regulatorio de la ANMAT sobre Cannabis. “¿Cannabis Medicinal o estupefaciente? Diálogo entre la Ciencia y la Justicia”, se tituló su charla.

“Para pensar el cannabis es muy importante conocer una definición muy importante está en el glosario de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores, donde se definen esos tres términos, que tienen que ver con las decisiones y los acuerdos del Mercosur”, comenzó diciendo. En ese sentido, repasó las convenciones y leyes a las que el país adhirió en materia de estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos y la historia y génesis de dichas normativas.

También mencionó que en Argentina, el CBD no integra las listas de sustancias psicotrópicas/ estupefacientes: “Es decir que siempre estuvo la posibilidad de hacer estudios clínicos, ya que se cree que el CBD no tiene propiedades psicoativas y sí potencial terapéutico”, subrayó.

También repasó las patologías contempladas en el programa, con indicación médica pertinente, para el uso compasivo. Y señaló que la ley contempla que la sea provisión gratuita, dentro de un registro de pacientes que puedan inscribirse para un protocolo de investigación. Además, repasó el enfoque regulatorio de Anmat sobre cannabis y que en el registro de especialidades medicinales hay tres proyectos iniciados alrededor de la elaboración nacional de Cannabis Medicinal.

Por último, Gretel Diamante, Presidente del Tribunal Oral Federal de San Luis del Poder Judicial de la Nación, habló sobre la evidencia científica en el marco del proceso penal.

“El impacto que han tenido en los últimos años, en la última década, los avances científicos y tecnológicos, nos han dejado muy atrás en materia procesal”, comenzó. “En el siglo pasado, los criterios de recepción de la prueba científica, eran aceptados por los tribunales de una manera casi pasiva, incluso como una serie de mitificación de esa prueba científica. Con el transcurso del tiempo y la experiencia, se fue generando la necesidad de dictar criterios de admisión de la prueba científica. Los pioneros en esta materia fueron varios tribunales europeos y norteamericanos, que dictaron criterios rectores que rigen por lo menos desde 1993. La gran prueba que impactó fue la de ADN, primero con muchas resistencias y cuestionamientos, también posteriormente la huella bacteriana, y demás tipos de pruebas”, señaló.

Luego puntualizó las exigencias que existen para las pruebas en general: “Tienen que ser: pertinentes, útiles y lícitas. Ahora se agrega un cuarto criterio, que tiene que ver con la especificidad y la fiabilidad del método científico que se emplee. Ahora, el juez que desoiga la prueba científica tiene que dar una motivación muy grande por ello, ya no es tan sencillo”, dijo.

Cabe destacar que la jornada, además de estar organizada por el Centro Científico Tecnológico CONICET San Luis, contó con la colaboración del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Poder Judicial de la Nación y el Tribunal Oral Federal de San Luis, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Poder Judicial de la Provincia de San Luis y el Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis “Dr. Tomás Jofré”.

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