jueves, 19 de octubre de 2017
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Pequeños productores a la intemperie

Los productores familiares volvieron a la Plaza de Mayo y repartieron verduras para protestar por lo poco que cobran frente a lo que pagan los consumidores en verdulerías y supermercados. Reclamaron por políticas públicas de apoyo al sector y facilidades para acceder a créditos y a las tierras que trabajan.

Por Vanina Lombardi

 

Agencia TSS — “La verdura que come el pueblo argentino está subsidiada por la vida precaria de las familias trabajadoras de la tierra”, dijo Nahuel Levaggi, representante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que nuclea a 8000 familias productoras e impulsora de la protesta que denominaron “feriazo”: en la Plaza de Mayo donde estuvo TSS se repartieron más de 20.000 kilos de hortalizas y también productos de granja, como pollo y cerdo. El reclamo se relaciona con el vaciamiento de las políticas destinadas al sector de la agricultura familiar y se realizó el pasado 3 de octubre en distintas provincias del país como Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Santa Fe, Santiago y Tucumán, con la participación de diversas organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Unión Campesina de Varela (UCV) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), entre otras.

Mientras algunos productores regalaban sus cultivos, otros cobraban un bono contribución de 10 pesos por un bolsón de verduras. Los criadores de aves de corral y cerdos los vendían a precios notablemente inferiores a los que suelen verse en el comercio minorista. Al mediodía, un sándwich de bondiola, por ejemplo, costaba $ 50.

El reclamo se relaciona con el vaciamiento de las políticas destinadas al sector de la agricultura familiar y se realizó el pasado 3 de octubre en distintos puntos del país.

 

 

Con esta medida la tercera de alcance nacional tras el cambio de Gobierno, luego de dos verdulazos—, los productores pequeños y familiares de las áreas productivas periurbanas, que rodean las grandes ciudades de todo el país y desde donde surge buena parte de los alimentos que llegan a los hogares de la ciudad, buscaron dejar en evidencia la gran diferencia de precios que existe entre lo que ellos cobran y lo que pagan los consumidores, que ronda entre un 500 y hasta un 1000 por ciento, “debido a una fuerte concentración monopólica de la cadena de comercialización, que fue uno de los detonantes del conflicto”, explicó Diego Montón, referente del MNCI-VC de la región de Cuyo.

Montón dijo que el reclamo se extiende a la gobernación de Mendoza, “ya que tampoco implementó ninguna política para el sector”, y ejemplificó: “Hubo una apertura a las importaciones del vino, mientras que a la uva del pequeño productor se le paga un precio muy bajo y en cuotas de hasta 15 cheques, mientras que el precio del vino en el supermercado sigue aumentando”.

“Nos pagan 28 pesos el kilo de un cerdo grande, pero tenemos que vender el animal completo y en cantidad, porque si no nos pagan menos. Y a la góndola va al precio que quieren, es una vergüenza”, reclamó Silvia Dante, una de las criadoras de cerdos de Guernica en San Vicente, Buenos Aires (de los 300 que hay en la zona), que pertenece a la UTT.

“Los camiones que van a comprar nos pagan lo que ellos quieren: la lechuga, entre 25 y 30 pesos el cajón de 8 kilos, que después en la verdulería vale una fortuna”, dijo Lino Cazón, uno de los productores que del área hortícola de La Plata, que integra la UTT. “Una jaula de espinaca, que contiene 12 paquetes, la pagan entre 10 y 15 pesos, y el cajón de lechuga crespa, que trae entre 7 y 8 kilos, lo mismo”, agrega su compañero Ismael Yanaje, de la misma zona pero del MTE, y se quejó porque “lo que se paga en las quintas es una miseria, la estamos pasando cada vez peor y no tenemos respuestas del Gobierno”. Se estima que solo en el cinturón hortícola bonaerense se producen unas 350.000 toneladas de verduras al año.

Las historias se repiten una y otra vez. En general, se trata de familias que alquilan y trabajan la tierra, además de comprar todos los insumos que necesitan a riesgo propio, desde las semillas hasta las herramientas y los materiales para construir los invernaderos. Sin embargo, al no ser propietarios, en muchas ocasiones no están autorizados a construirlos, con lo que corren el riesgo de tener malas cosechas o sufrir las inclemencias del tiempo, que puede hacer desastres con los cultivos. “Invierten entre 400.000 y 500.000 pesos al año por hectárea y son los que están financiando todo el sistema”, estima el ingeniero agrónomo Javier Scheibengraf, coordinador del Consultorio Técnico Popular de la UTT y consultor de organizaciones y organismos públicos.

Mientras algunos productores regalaban sus cultivos, otros cobraban un bono contribución de 10 pesos por un bolsón de verduras.

 

 

“Antes había más ventas y no aumentaban los insumos tan seguido como ahora. El presidente dice que está todo bien, pero para nosotros es un desastre y muchos compañeros se fueron del país porque no podían pagar más el alquiler, la luz y el agua. No pueden vivir más y se van”, se lamentó Yanet Dávila, productora de la Unión Campesinos de Varela y originaria de Potosí, en Bolivia, que se asentó en el país hace alrededor de una década. Su paisano Ismael Pérez, también de la UCV, reconoció que su futuro es incierto: “Este año estoy probando, pero se pudrió la frutilla y no estamos pudiendo recuperarnos con los precios bajos que cobramos y el clima que también viene mal”.

A las condiciones macroeconómicas, la devaluación, el achicamiento del mercado interno y la importación de productos agropecuarios, que incluyen desde tomate hasta cerdo, se sumaron los recortes en las políticas de fortalecimiento y promoción a los pequeños productores. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, una instancia que nucleaba a todas las organizaciones nacionales del sector y las distintas instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario “está totalmente congelado, y era un espacio muy importante porque desde ahí se articulaban políticas en función de las necesidades de las organizaciones”, dijo Montón.

A estas políticas se le sumaron recientemente las modificaciones al programa Cambio Rural. “Se desfinanció y se creó un nuevo programa que pone expectativas más altas en cuanto a la capitalización de los posibles beneficiarios, además de excluir a extranjeros, algo que luego se dijo que se iba a reparar pero todavía no lo modificaron”, explicó Montón y recordó que la Secretaría de Agricultura Familiar también fue desfinanciada: “No hay acceso a créditos o subsidios para infraestructura como había hasta 2015, y se viene haciendo una reactualización del RENAF, que entre otras cosas permite tener un monotributo social agropecuario y una obra social, pero están poniendo muchísimas trabas para que las familias lo sigan teniendo”.

Las agrupaciones del sector reclaman por una ley de emergencia alimentaria “que fomente la producción popular de alimentos y promueva la soberanía alimentaria”, que se reglamente la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar (sancionada en 2015) y que se regule el acceso a la tierra, algo que el sector “necesita con urgencia”, según destaca Montón, que también advierte sobre los desalojos que se están produciendo en el interior del país. “Se agudizó la ofensiva del capital financiero, que viene a desarrollar el monocultivo y busca correr la frontera del agronegocio”. En este contexto, el decreto de modificación de la denominada Ley de Tierras, que flexibiliza la venta de campos y grandes extensiones de terreno a extranjeros, podría favorecer la especulación inmobiliaria. “Hemos visto de nuevo mecanismos que estábamos logrando desterrar, en cuanto a la connivencia de empresarios con sectores del Poder Judicial y de la policía, que empiezan a retomar viejas prácticas para coaccionar a las comunidades y amenazarlas”, concluyó.

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