miércoles, 13 de diciembre de 2017
Novedades

Panóptico aéreo

En un encuentro sobre tecnologías de vigilancia aérea se debatió sobre el impacto en los derechos humanos que tiene su uso por parte de las fuerzas de seguridad. ¿En qué medida pueden ser utilizadas en el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en búsquedas judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?

Agencia TSS – En la Argentina es cada vez más común que las fuerzas de seguridad emitan comunicados en los que se hace referencia al uso de tecnologías de vigilancia como drones en diversos tipos de operativos. Sin embargo, es poco transparente el uso que se les da a estos artefactos —el Gobierno porteño recientemente anunció el uso de globos de vigilancia de origen israelí— y al registro de las personas que se realiza, así como con qué medios cuenta cada fuerza.

¿Cuál es el impacto en los derechos humanos que tiene el uso de las tecnologías de vigilancia aérea?  ¿En qué medida pueden ser utilizados en el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en búsquedas judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental especializada en áreas como privacidad y libertad de expresión, fue la organizadora del encuentro Tecnologías de Vigilancia Aérea: Estado, Legislación y Desafíos, que se llevó a cabo el pasado 27 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En la Argentina, el municipio de Tigre fue uno de los primeros en anunciar el uso de drones en actividades de control policial y con el paso del tiempo su uso se extendió a fuerzas de otros distritos del país.

El Gobierno porteño recientemente anunció el uso de globos de vigilancia de origen israelí.

 

 

Entre otros casos de uso de vigilancia aérea en operativos policiales, el año pasado se conoció que la Policía de la Ciudad usó dos drones en un allanamiento en la casa de un estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que supuestamente había ingresado en la red informática de la universidad para cambiar calificaciones.

Eduardo Ferreira, investigador de ADC Digital, hizo un repaso de los cambios que hubo en la legislación sobre los derechos a la privacidad, antes mayormente asociados a la protección de los espacios físicos, como la privacidad dentro de la propia casa, y que en los últimos años se extendieron a la protección de la privacidad de las personas más allá del espacio en el que se encuentren.

Durante su presentación, Ferreira explicó el uso de los IMSI-catcher, artefactos que simulan ser una celda de telefonía celular y permiten acceder a toda la información que el teléfono comparte con la celda, como la ubicación y los datos que emite, llamadas, mensajes y demás. También advirtió sobre el uso de redes públicas para monitorear la actividad de teléfonos celulares que usan nombres genéricos de wifi, como los de los cafés, a los que los teléfonos se conectan automáticamente sin preguntarle al usuario.

Un IMSI-catcher puede ser montado en un dron lejos de la vista del usuario. “Se genera esta idea de que en cualquier momento uno podría ser controlado y se presenta otra concepción del espacio público”, expresó Ferreira.

Leandro Ucciferri, también investigador de ADC Digital, planteó interrogantes en torno al uso de drones y de globos aerostáticos: “¿Conocemos cómo los utilizan la Policía de la Ciudad, la Policía de la provincia de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad?”, preguntó.

Los cambios en la legislación sobre la protección de la privacidad de las personas extendieron este derecho más allá del espacio habitual en el que se encuentran.

 

Vanesa Listek, periodista de La Nación, se refirió al uso que se les da en el país a diferentes tipos de drones en el ámbito judicial. En su exposición ejemplificó con la utilización de drones por parte del Centro de Investigaciones Judiciales con el objetivo de intervenir las redes wifi de sospechosos de compartir pornografía infantil. Listek mencionó los riesgos que se plantean sobre la privacidad de vecinos de la persona investigada.

“Gendarmería dice que los usa en fronteras para controlar terrorismo y narcotráfico, pero no dicen nada más”, le dijo Listek a TSS. “La inversión para la instalación del sistema fue de 12 millones de dólares en tecnología proveniente de Israel y en las obras para las instalaciones de los equipos que fueron efectuadas por empresas jujeñas”, agregó.

“Muchas veces tenemos soluciones que buscan problemas y finalmente terminan teniendo resultados decepcionantes mientras se vulnera la privacidad”, aseguró Francisco Vera, de Privacy International.

Como ejemplo, se citó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utiliza drones para hacer el mapeo de barrios complejos (se ha usado en la Villa 31) antes de hacer un operativo para conocer el mejor camino por el que deben acceder los efectivos para los allanamientos. Al respecto, Vera dijo que los miembros de poblaciones vulnerables suelen ser los más expuestos a este tipo de vigilancia debido a los prejuicios sobre su peligrosidad, lo que suma un nivel más de discriminación en su contra.

El encuentro fue cerrado por Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien afirmó: “La capacitación de nuestras fuerzas de seguridad sobre derechos humanos y privacidad es igual a cero, por lo que los riesgos son muy grandes”. Según Peduto, “hasta hace tres años el Gobierno de la Ciudad negaba que la imagen de las personas formase parte de sus datos personales, por lo que hacía controles indiscriminados pese a fallos en su contra”. Y concluyó sobre la importancia de controlar el uso que hacen de estas tecnologías las fuerzas de seguridad: “Cuando protegemos datos, protegemos personas y ciudadanía”.

Compartí esta notaTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
  • El Oso Producciones El Oso Producciones
  • C&M Publicidad C&M Publicidad