viernes, 22 de septiembre de 2017
Medioambiente

Controversia nuclear

Agustín Piaz analizó en su tesis doctoral la protesta social y la discusión pública en torno a los movimientos ambientalistas que cuestionan el desarrollo de la energía atómica en la Argentina. Los casos del Centro Atómico Ezeiza y Dioxitek.

Por Gaspar Grieco

 

Agencia TSS  Por el riesgo asociado a la producción de daños irreversibles para la salud y el medioambiente, la energía nuclear es una de las fuentes energéticas más cuestionadas del mundo. Las imágenes de los “hongos” nucleares en Hiroshima y Nagasaki, de las malformaciones genéticas producto de la fuga radioactiva en Chernóbil o de una Fukushima abandonada tras la explosión de su central nuclear están presentes en todas las consignas de las manifestaciones antinucleares del mundo. Son imágenes fuertemente arraigadas en el imaginario colectivo que suelen reaparecer de distintas formas: desde Homero Simpson jugando con desechos nucleares en la planta nuclear de Springfield hasta la canción “Otro día para ser”, del grupo argentino de heavy metal Hermética, que en 1986 denunciaba “Más tecnologías, por más energía / fuga radioactiva del progreso”.

En el campo de la industria nuclear, la Argentina es junto con Brasil uno de los países más avanzados de América Latina y uno de los 10 países con mayor desarrollo en el mundo. Cuenta con tres plantas de producción de energía nucleoeléctrica Atucha I, Atucha II y Embalse, tres centros atómicos que se dedican a la investigación y desarrollo de tecnología nuclear el Centro Atómico Ezeiza, el Centro Atómico Constituyentes y el Centro Atómico Bariloche y diversas empresas estatales vinculadas al proceso productivo de la nucleoelectricidad —como la planta productora de dióxido de uranio Dioxitek, la fábrica de combustibles nucleares argentinos CONUAR y la planta productora de agua pesada de la empresa neuquina de servicios de ingeniería ENSI.

Agustín Piaz, coordinador de la nueva Licenciatura en Estudios de la Comunicación y docente de la carrera de Comunicación Audiovisual de la UNSAM, analizó en su tesis doctoral en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) la resistencia al uso y desarrollo de la tecnología nuclear en la Argentina. Dirigido por Ana María Vara, secretaria académica de la Escuela de Humanidades, Piaz analizó la protesta social y la discusión pública en torno a los movimientos ambientalistas que cuestionan aspectos de la política nuclear argentina.

“Estudié los casos de resistencia para poder identificar y caracterizar a los actores que los promueven. Lo que observé es que, si bien no se trata de grupos ambientalistas masivos, sus promotores han sostenidos el reclamo desde la vuelta de la democracia, en 1983”, dice Piaz, y agrega que, a diferencia de las protestas contra la megaminería y el agronegocio —cuyos actores principales son las empresas extranjeras—, la industria nuclear es completamente nacional. “La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es el camino para industrializar y desarrollar el país”, asegura.

“Hay actores expertos de los dos lados, con argumentos políticos, culturales, económicos y técnicos”, dice Piaz.

 

 

Jorge Sabato, uno de los investigadores argentinos más reconocidos en el campo de la ciencia y la tecnología, definía a la energía nuclear como una “industria industrializante”, es decir, una industria que, para desarrollarse, requiere de otras especialidades como la ingeniería en materiales, la metalmecánica, la metalurgia o la informática. La energía nuclear, entendida como tecnología de propósitos generales, fue una apuesta que comenzó durante el primer Gobierno de Perón, con el desarrollo del Plan Nuclear Argentino en 1950.

“No hay que olvidar que la Argentina hace desarrollo nuclear desde hace muchos años. Hemos alcanzado un conocimiento de esa tecnología que nos posiciona en la elite mundial y contamos con científicos y tecnólogos muy capacitados. No obstante, no creo que haya que desconocer los cuestionamientos o críticas al desarrollo nuclear. La realidad es que hay gente que lo discute y conocer sus argumentos es importante”, afirma.

 

De esta agua no has de beber. ¿O sí?

El Centro Atómico Ezeiza (CAE) fue inaugurado en 1967 en el partido bonaerense que le da su nombre. Se trata de un polo industrial que cuenta con diversas instalaciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de tecnología nuclear, entre las que se destaca el RA3, un reactor utilizado para la producción de radioisótopos para usos médicos e industriales.

Desde los ochenta, el CAE estuvo en el centro de las discusiones planteadas por los vecinos de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y La Matanza, preocupados por el posible impacto ambiental de su actividad. Uno de los métodos del CAE para deshacerse de los residuos de uranio —material clave para la producción de combustible nuclear—, es el descarte en las napas de agua. Por las características del suelo arcilloso, en su momento la CNEA aseguró que el mineral queda retenido y no llega al agua de consumo.

Encabezados por Valentín Stiglitz, un reconocido pediatra de la zona, los vecinos denunciaron un aumento de los casos de cáncer y enfermedades digestivas, que atribuyeron al tratamiento de los residuos de uranio del CAE. “Los vecinos denunciaron al CAE y el juez Alberto Santa Marina ordenó hacer estudios del agua. Esto es interesante porque, a raíz de un reclamo de la sociedad, comenzó a producirse conocimiento científico”, señala Piaz.

En su tesis de doctorado, Piaz analizó la resistencia al uso y desarrollo de la tecnología nuclear en la Argentina.

 

 

Gracias a los estudios realizados entre marzo y abril de 2004 por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el Laboratorio Químico del Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) —por entonces perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación—, en 46 pozos seleccionados se detectó en el agua la presencia de diferentes concentraciones de uranio. En algunos pozos se llegó a detectar un microgramo de uranio por litro; en otros, 15; en otros, 30; y, en otros, más de 50. A comienzos del nuevo milenio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba un máximo de 15 microgramos de uranio por litro, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fijaba el límite en 30 y la legislación argentina establecía que el máximo permitido para el agua de consumo era de 100. Basándose en la reglamentación argentina, el juez a cargo de la causa desestimó la denuncia a fines de 2005 y aseguró, a partir de múltiples estudios realizados, la inexistencia de contaminación radiactiva.

Pero, ¿cómo se establecen los valores de contaminación? ¿Qué entidades intervienen? “En su primera edición, de 1993, la Guía para la calidad de agua potable de la OMS fijó los valores máximos de uranio en agua en 140 microgramos; en 1998 los bajó a 2; luego, en 2003, los llevó a 9; en 2004 los elevó a 15; y ahora están en 30, desde la quinta edición de 2011”, apunta el investigador.

 

El caso Dioxitek

En 1976, año en que la Argentina comenzaba a hundirse en la dictadura militar más sangrienta y económicamente devastadora de su historia, el sector nuclear tuvo un impulso sin precedentes. Uno de los grandes avances que experimentó durante ese período fue la decisión de construir una planta productora de dióxido de uranio en el barrio Alta Córdoba de la capital cordobesa, cuya instalación comenzó en 1982. Debido al aumento demográfico registrado en esa misma década, la planta quedó rodeada de viviendas y los vecinos comenzaron a elevar reclamos por la potencial contaminación ambiental.

Organizaciones ambientalistas, como la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) —creada por el destacado biólogo Raúl Montenegro—, visibilizaron los reclamos gracias a la repercusión que tuvieron en los medios. Debido a la presión ejercida por esos grupos la CNEA dispuso la relocalización de la planta en la localidad cordobesa de Despeñadero, pero también enfrentó la resistencia de diversos grupos ambientalistas.

A comienzos del año 2000, la CNEA propuso trasladar la planta a la provincia de Mendoza, pero, ante la resistencia local e intentos fallidos de relocalización en La Rioja y las localidades cordobesas de Río Tercero y Embalse, se decidió el traslado hacia la provincia de Formosa.

Con la expansión del tejido urbano la planta de Dioxitek en Córdoba quedó rodeada de viviendas y los vecinos comenzaron a elevar reclamos por la potencial contaminación ambiental.

 

 

“De acuerdo con los estudios de riesgo ambiental desarrollados en ese momento, San Rafael era el mejor lugar para instalar la planta productora de dióxido de uranio, pero como es una zona que trabaja con el turismo y la producción vitivinícola, los vecinos y las autoridades municipales se opusieron. Entonces, la posición de Formosa fue: ‘Nos traen una planta que no quiere nadie’. En ocasiones, puede que la resistencia no tenga los efectos más funcionales para la disminución del riesgo. El argumento esgrimido por aquellos movimientos ambientalistas fue que no querían una planta purificadora de uranio cerca de sus casas por la posible existencia de contaminación”, dice Piaz.

Los miedos tienen sus razones: la contaminación nuclear con plutonio permanece en el medioambiente por 240.000 años. Y, según la OMS, la radiación ionizante (en el caso de producirse un accidente) puede provocar mutaciones genéticas, afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y producir efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. El organismo también advierte que sigue existiendo un riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer, que puede tardar años o incluso decenios en aparecer.

 

Los manifestantes

Piaz afirma que los manifestantes saben más de lo que uno podría imaginarse: “En el grupo de los resistentes hay biólogos, médicos, peritos hidrogeólogos, profesionales de radioactividad e ingenieros nucleares que elaboran los informes. Asimismo, el saber de la experiencia local también cuenta. Es decir, hay actores expertos de los dos lados, con argumentos políticos, culturales, económicos y técnicos”.

No obstante, el investigador señala que, si bien se trata de grupos pequeños, las manifestaciones en contra de la energía nuclear en la Argentina se enmarcan en un ciclo de protesta ambiental que está vigente en toda América Latina: “Cuando ocurre un accidente, hay una oportunidad política para instalar la discusión, y sabemos que estas discusiones adquieren bastante visibilidad. América Latina está cuidando sus recursos y se protesta en defensa del ambiente. Es en ese contexto que las protestas antinucleares se multiplican”.

En ese sentido, y en un contexto actual de desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, Piaz considera relevante “que la CNEA y la investigación nuclear en la Argentina se mantengan activas. Hay que capitalizar la inversión hecha hasta ahora y valorar a nuestros científicos y tecnólogos, que son de primer nivel”.

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