miércoles, 22 de noviembre de 2017
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Conflicto nuclear

Trabajadores de la Autoridad Regulatoria Nuclear denuncian que el organismo responsable de controlar la seguridad en las instalaciones nucleares no cumple con los acuerdos salariales y que no hay transferencia de conocimiento por las dificultades para retener a los empleados jóvenes. El conflicto se desató en medio de un recorte presupuestario y de planes de privatización en este sector.

Por Matías Alonso

 

Agencia TSS — Los trabajadores de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) institución dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación dedicada al control y fiscalización de la actividad nuclear— atraviesan desde hace dos meses un conflicto con las autoridades del organismo, a las que acusan de no cumplir con los acuerdos salariales.

La tarea más crítica de la ARN —creada en 1997,  mediante la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804— pasa por el control de los reactores de las centrales nucleares y de investigación, pero también tiene responsabilidad sobre las aplicaciones de medicina nuclear, tanto en tratamientos oncológicos como en los tomógrafos y demás artefactos de diagnóstico por imágenes que utilizan insumos radioactivos. También fiscaliza las aplicaciones industriales, principalmente vinculadas con petróleo y gas, en las que se utilizan elementos con radioactividad.

“Nos ocupamos de que la población esté a salvo de los efectos de las radiaciones ionizantes cuando se utiliza energía nuclear”, le dijo a TSS Ezequiel García, delegado de ATE-ARN. Además, en el centro de formación de la ARN en el Centro Atómico Ezeiza se brindan cursos para inspectores de protección radiológica y seguridad nuclear de toda América Latina.

Hace dos meses empezó un conflicto que llevó a seis jornadas de paro y quince días de asamblea permanente, que se inició tras el fracaso de las negociaciones entre los trabajadores y las autoridades del organismo para formalizar el convenio colectivo de trabajo de la ARN y de acordarse el pago de un bono anual, algo que se viene realizando desde 2011. A último momento, ambas negociaciones fueron frenadas y no están contempladas en el presupuesto para el año próximo.

La tarea más crítica de la ARN —creada en 1997, mediante la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804— pasa por el control de los reactores de las centrales nucleares y de investigación.

 

 

“Al transcurrir más de cinco años de que algo se paga habitualmente se convierte, por ley, en un derecho. El directorio que tiene hoy la ARN desconoce este derecho, que en un momento había sido una negociación salarial porque, al no tener un convenio sectorial, la ARN no podía discutir una pauta salarial propia y nuestro sueldo se iba degradando respecto del de otros organismos”, explicó García.

La ARN suele requerir empleados con una formación técnica muy específica, difícil de obtener. El representante de ATE advierte que a esta dificultad se suma el hecho de que, actualmente, se hace muy difícil retener a los pocos jóvenes empleados que ingresan. Esto provoca que quienes deben jubilarse no puedan transferir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Eduardo Quintana, de la Subgerencia de Control Ambiental de ARN, le dijo a TSS: “El desaliento hace que la gente joven se vaya de la institución, lo que genera problemas de funcionamiento. Formar gente con conocimientos técnicos específicos lleva por lo menos cinco años. Y, si se trata de tareas de dirección, son por lo menos diez años. La gente con más experiencia se jubila y faltan reemplazos que continúen la tarea”.

En comparación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el organismo que deben controlar y con el que además compiten por recursos humanos—, este último realiza evaluaciones de desempeño, por lo que los empleados de planta pueden aspirar a ascensos en su carrera. Esto no ocurre en la ARN, donde no se realizan evaluaciones de desempeño a los empleados desde el año 2010, aunque por el Decreto 214/06 deberían hacerse todos los años.

La ARN también tiene responsabilidad sobre las aplicaciones de medicina nuclear, tanto en tratamientos oncológicos como en los tomógrafos y demás artefactos de diagnóstico por imágenes que utilizan insumos radioactivos.

 

 

Además, en la ARN está restringida la cantidad de ingresos: los últimos concursos se llevaron a cabo en 2014 pero recién en 2016 ingresaron a planta sus ganadores. Gran parte de sus empleados suman alrededor de 500 están bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, por la que a los cinco años de contrato deberían haber entrado a planta, pero la cláusula que lo especificaba fue suspendida y hay casos que siguen con esta modalidad desde hace más de diez años.

“Las autoridades dicen que no tienen la autorización del Ministerio de Modernización para pagar el bono anual, que en principio estaba confirmado pero ahora se echaron para atrás” expresó Quintana. Y agregó: “A este directorio no le veo capacidad de maniobra para resolver los problemas. Modernización tiene mucha injerencia en lo que pasa, lo cual no es bueno para un organismo regulador”, agregó.

El proyecto de Presupuesto 2018 le asigna a la ARN 439 millones de pesos, de los cuales 294 millones de pesos corresponden a salarios. Este año, el presupuesto asignado al organismo fue de 396 millones de pesos, de los cuales 263 millones de pesos fue previsto para sueldos. El aumento, que apenas supera el 10% y queda muy por debajo de la inflación, parece generoso frente al recorte previsto para la CNEA, que, de los 4.881 millones que se le asignaron a inicios de este año, pasaría a disponer de apenas 3.102 millones de pesos en 2018.

Un reciente decreto del Poder Ejecutivo estableció la transferencia al Ministerio de Energía del 51% de las acciones de Dioxitek, la empresa estatal que produce dióxido de uranio para el combustible de las centrales nucleares, lo que habilita su posterior privatización, en lo que podría ser el inicio del pase a manos privadas del complejo atómico argentino. “La privatización es un desastre. El ciclo del combustible nuclear está en manos del pueblo argentino y se debería manejar según sus intereses. En caso de privatizarlo no sabemos con qué intereses se manejaría el directorio de esa empresa. Perder la soberanía energética puede llevar a que el día de mañana tengamos que comprar todo afuera”, afirmó García.

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