jueves, 19 de octubre de 2017
Medioambiente

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Se aprobó en Diputados el proyecto de ley de generación distribuida de energía eléctrica. La iniciativa, que ahora se debatirá en el Senado, busca permitir que los usuarios puedan producir energía de fuentes renovables para consumo propio y vender el excedente a la red eléctrica.

Por Matías Alonso

 

Agencia TSS — El “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública” tuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados y pasará a tratarse en el Senado. La iniciativa apunta a los usuarios que quieran instalar equipos de generación de energía renovable para consumo propio y puedan inyectar los excedentes en el sistema eléctrico. El límite es de 300 KW de potencia y para las personas jurídicas se contemplan, además, beneficios fiscales. También será posible la instalación por parte de consorcios de propiedad horizontal.

Con este sistema se instalará un medidor eléctrico dual o bien uno adicional al ya instalado con el objetivo de registrar cuánta energía se consume y cuánta se inyecta a la red. Esta modalidad podría ayudar a alcanzar la meta de porcentaje de energía de fuentes renovables —se pretende llegar al 20% en 2025— y aumentar la generación de energía gracias al aporte de los usuarios.

El proyecto surgió de la negociación de diversos bloques de la Cámara de Diputados y es una fusión de cinco proyectos diferentes. Lleva las firmas de los diputados Luis María Bardeggia (FPV), Néstor Tomassi (PJ) y Juan Carlos Villalonga (PRO).

La fuente de la energía podrá ser eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles.

La iniciativa apunta a los usuarios que quieran instalar equipos de generación de energía renovable para consumo propio y puedan inyectar los excedentes al sistema eléctrico.

 

 

Esta modalidad ya era posible en las provincias de Santa Fe, Salta, Mendoza y Río Negro, y estaba prevista, aunque todavía sin reglamentación, en San Luis, Neuquén, Misiones y Tucumán. La ley nacional dará un marco normativo a la práctica, aunque, como el servicio eléctrico es potestad de las provincias, tendrán que adherir a la ley. Precisamente, el hecho de que la ley se aplique sobre una potestad de las provincias generó la oposición al proyecto por parte de algunos gobernadores.

El proyecto de ley deja puntos importantes librados a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el precio de venta de la electricidad que hagan los usuarios en principio sería el mayorista que las distribuidoras pagan a CAMMESA, de 240 pesos por MWh, en lugar del precio minorista que el usuario paga al comprar energía a la distribuidora, que es de unos 1.000 pesos por MWh. En caso de que la facturación fuera favorable al usuario, es decir, que produzca más de cuatro veces lo que consume con estas tarifas, se le generará un crédito para ser usado en futuras facturaciones. Si este crédito se mantuviera, el usuario podría pedir que le retribuyan ese dinero y la autoridad de aplicación deberá decidir en qué plazo, que nunca podrá ser mayor a 12 meses.

La iniciativa también prevé la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo de proyectos de generación distribuida, que permitirá el descuento de puntos en tasas de interés de préstamos pedidos para la instalación de sistemas de generación, o incentivos a la inyección de energía generada por el usuario a la red.

“Estas instalaciones prácticamente no tienen costo de operación y mantenimiento, por lo que es fundamental la inversión inicial y entonces la financiación es clave”, dice Duran.

 

 

Julio Durán, integrante del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y profesor asociado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), fue uno de los expositores de la jornada sobre energías renovables que organizó el martes pasado el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), en la Academia Nacional de Medicina. Durán explicó a TSS: “La ley prevé una serie de beneficios o políticas de promoción que van a venir a través de la reglamentación. Estas instalaciones prácticamente no tienen costo de operación y mantenimiento, por lo que es fundamental la inversión inicial y entonces la financiación es clave”.

De la reunión de comisión en Diputados en la que se obtuvo dictamen para tratar el proyecto en el recinto participó el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, quien respaldó la iniciativa y sostuvo: “Brindará la posibilidad para los pequeños usuarios, todos nosotros en nuestros hogares, de interactuar con la red”. Sin embargo, en lo que hace a energía solar, los costos por ahora no son para cualquiera: en sitios de venta online se consiguen equipos de 1 KWh teórico —cuatro paneles de 1,60 por 1 metro que brindan potencia máxima con pleno sol que rinden cerca de 100 KW mensuales por alrededor de 70.000 pesos.

“Hay una cierta resistencia de las distribuidoras de energía porque piensan que esto les complica la vida y están bien como están. En general, las cooperativas están más abiertas porque son más chicas y tienen otro objetivo. La forma de sumar a las distribuidoras es que ellas también estén de alguna manera dentro del negocio. Si se las deja afuera lo más probable es que te hagan la vida imposible”, dijo Durán.

El proyecto obtuvo la media sanción con 159 votos positivos y solo tres negativos, más una abstención. El diputado Pablo López (FIT), sostuvo que desde su bloque se oponen al proyecto porque sospechan que los fondos del fondo fiduciario terminarán beneficiando a distribuidoras de energía cercanas al presidente Mauricio Macri.

Villalonga, uno de los impulsores del proyecto, dijo durante el debate en el recinto: “Esta ley, al unificar los criterios técnicos y regulatorios en todo el país va a crear una red de pymes para instalación de equipos que contribuirá a la generación de empleo”.

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