sábado, 19 de septiembre de 2020
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Abrir las cajas negras de la tecnología municipal

Los gobiernos municipales se encuentran con el gran desafío de determinar las capacidades y los procesos locales para administrar la apertura progresiva del aislamiento social, obligatorio y preventivo, en simultáneo con la reactivación económica. Al momento de tomar las decisiones, ¿son receptores activos del conocimiento tecnocientífico o se encierran en sus cajas negras?

Por Natasa Loizou*  

Agencia TSS – Bruno Latour marcaba la necesidad de estudiar la “ciencia en acción y no la ciencia y la tecnología ya elaboradas”. Usaba el ejemplo de las cajas negras para referirse a los productos científicos y tecnológicos, e indicaba que los estudios de ciencia, tecnología y sociedad deberían investigar los procesos de generación del conocimiento y tecnología, y las controversias que sus productos generan.

En una nueva configuración sistémica, la nombrada “nueva normalidad”, Latour nos inculca sobre abrir las cajas negras y estudiar detalladamente los procesos tecnocientificos que vinculan el territorio, la política, y la ciencia y tecnología en nuestro país.

Las controversias sobre estos procesos surgen en los territorios. Muchos municipios dicen estar en proceso de tecnologización, pero, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento científico tecnológico de los gobiernos municipales? ¿Sus estructuras institucionales están nutridas de capacidades tecnocientíficas? ¿Su organización está dispuesta a evaluar la gestión y aprender de su propia acción e incorporar nuevos conocimientos? Al momento de tomar las decisiones e implementarlas, ¿los municipios son receptores activos del conocimiento tecnocientífico o se encierran en sus cajas negras?

Municipalidades con misiones desafiantes

A partir de la reforma neoliberal y la descentralización del Estado, en los noventa, los gobiernos municipales se encargaron de competencias que les fueron delegadas desprolijamente, con marcos normativos desactualizados y con recursos restringidos.

Con una autonomía limitada en términos políticos, institucionales, administrativos, económicos y financieros, los municipios enfrentan diversos desafíos: son la institución más cercana y directa para la ciudadanía local, la demanda ciudadana está en aumento y los territorios que gobiernan se encuentran con problemas estructurales, complejos y multidimensionales. Les toca autogobernarse: jerarquizar las demandas de la ciudadanía y equilibrarlas conforme con la capacidad de respuesta de su organización municipal, ofreciendo soluciones expeditivas.

Su gobernabilidad política y sustentabilidad institucional tiene un alto grado de dependencia de los gobiernos nacional y provincial; del empleo de capacidades organizacionales, humanas y técnicas limitadas; de un bajo grado de cooperación con actores de la sociedad civil y del entramado productivo; y de una vinculación circunstancial con el sistema científico-tecnológico nacional.

Con una autonomía limitada en términos políticos, institucionales, administrativos, económicos y financieros, los municipios enfrentan diversos desafíos: son la institución más cercana y directa para la ciudadanía local, la demanda ciudadana está en aumento y los territorios que gobiernan se encuentran con problemas estructurales, complejos y multidimensionales.

 

En contextos desafiantes como el de la pandemia por COVID-19, con el aislamiento social, obligatorio y preventivo, y con la profundización de la crisis económica que está padeciendo nuestro país, los gobiernos municipales se encuentran en una encrucijada. La situación requiere de la toma de decisiones y acciones políticas estatales en todos los niveles, que coordinadamente garanticen la protección de la vida y la salud de la ciudadanía, que provean la sustentabilidad de los servicios y productos esenciales para la sobrevivencia de la población, y que planifiquen la reapertura progresiva y la reconfiguración de la actividad económica y social de la comunidad. En este escenario es donde se espera, de los gobiernos provinciales y municipales, que redefinan sus misiones, proyectos, procesos y acciones para garantizar los derechos, demandas y necesidades de la ciudadanía, aunque eso parezca algo más grande que su capacidad de su respuesta.

 

Ser tecnocientífico o parecer tecnológico

A partir del año 2000, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido propagadas por la oferta del mercado internacional e incorporadas a demanda en las instituciones públicas. Tarde o temprano, en mayor o menor medida, los municipios han incorporado estas tecnologías en sus estructuras, principalmente para modernizar las herramientas de comunicación institucional, mejorar la accesibilidad de la comunidad local a las políticas y acciones de gobierno, y generar un intercambio directo entre el político y el ciudadano.

Aplicaciones inteligentes y de redes sociales, plataformas digitales de gestión de trámites y de comunicación, bases de datos en la nube, sistemas de geolocalización y vigilancia urbana, sistemas y botones de alerta, tarjetas con chip para descuentos y pago de servicios, entre otras, han sido las TICs absorbidas por los municipios, de modo espontáneo y con escasa planificación. También, de manera desarticulada y con mínimas previsiones sobre la organización, administración y resguardo del flujo de los datos, con casi nula capacitación del personal en procesos de digitalización, y con contrataciones tecnológicas enfocadas más en la formalidad legal y menos en la protección de los datos y la autonomía institucional sobre el manejo de los sistemas.

En el afán por tecnologizarse y parecerse a ejemplos como el de Barcelona, muchos municipios han absorbido productos y servicios tecnológicos abriendo sus puertas a la oferta del mercado internacional. Con una fuerte influencia del marketing político, los gobiernos municipales son receptores activos de productos y servicios tecnológicos ofertados por empresas, consultores y ONGs que representan intereses corporativos propios y globales, cuyo propósito es generar nuevos mercados en la periferia, en busca de acceso a mayor cantidad de usuarios. Estos productos y servicios se presentan por los emisores e intermediarios como soluciones simples y genéricas que pueden ser aplicadas con rapidez en cualquier contexto y necesidad. El ejemplo de las tecnologías inteligentes para la recolección y procesamiento de big data es uno de los clásicos en los últimos años.

El entusiasmo que generan estas soluciones es mayor que la capacidad de compresión y adopción de las tecnologías que se han producido en países desarrollados, para resolver otro tipo de demandas, en espacios de gestión orientadas a otros objetivos y misiones, que cuentan con recursos e infraestructura muy diferentes de los que disponemos en el territorio argentino. Lo que suele omitirse es la enorme dependencia tecnológica, económica, legal y política que genera la incorporación de tecnologías privativas.

La escasez de recursos humanos capacitados, tanto para reconocer y elegir con criterio tecnologías acordes con las necesidades de la institución y de la ciudadanía, como para entender y llevar a cabo la gestión de procesos de adquisición, asimilación y mantenimiento de la tecnología proveniente desde afuera, así como también su aplicación y difusión de uso por la ciudadanía, hace más dificultosa su transformación. Lejos se encuentran de ser gobiernos abiertos, transparentes y comunicativos, ya que someten a la ciudadanía en la vulneración de la seguridad de sus datos, que terminan en servidores de grandes corporaciones extranjeras.

Algunos municipios han buscado otras vías de incorporación de la tecnología en su estructura, a través de la generación de la demanda, con la finalidad de modernizar sus procesos de gestión. Estos casos han planificado la incorporación de sistemas tecnológicos haciendo una fuerte inversión en infraestructura y equipamiento informático, desarrollo o asimilación de programación computacional, recursos humanos especializados y capacitaciones sistemáticas al personal municipal. Este tipo de inversión generó una innovación organizacional atravesando las estructuras municipales que venían manejándose con trámites y expedientes en papel, resguardando desordenadamente datos de gestión y de los vecinos en compartimentos estancos.

Esos procesos de innovación se generaron con la creación de áreas de modernización o innovación, que se nutrieron de recursos humanos provenientes de las ciencias de la computación y formados en universidades nacionales, quienes se encargaron a definir las demandas  organizacionales, diseñar y planificar la estructura tecnológica. Este proceso de tecnologización de la gestión municipal tuvo como respaldo la vinculación a demanda con el sistema universitario nacional y con empresas nacionales e internacionales.

Algunos municipios han buscado otras vías de incorporación de la tecnología en su estructura, a través de la generación de la demanda, con la finalidad de modernizar sus procesos de gestión.

 

Unos de estos casos han sido también los que primeros se han lanzado como gobiernos abiertos, a través de la publicación de datos no procesados de la gestión y de la ciudad, para poner a disposición de la comunidad civil información de políticas públicas y acciones directas, el presupuesto municipal y su ejecución, las compras y contrataciones, la estructura organizacional, los salarios de los funcionarios y empleados, la presentación de declaraciones juradas, datos medioambientales, de planeamiento urbano, educativos, culturales, entre otros. La apertura de este tipo de bases de datos, junto con incentivos generados entre el municipio y el sistema universitario, han promovido en ciertos casos la investigación científica y el desarrollo tecnológico con orientación al territorio.

Un tercer grupo de municipios, con cierta inquietud reflexiva y con capacidad de innovación en el diseño e implementación de su agenda de políticas públicas, ha impulsado procesos sistémicos de incorporación, generación y aplicación de nuevos conocimientos complejos y específicos sobre el conocimiento preexistente en sus estructuras.

Estos casos minoritarios de municipios innovadores han logrado desarrollar y aplicar procesos tecnocientificos en sus estructuras con una voluntad política firme, y equipos de trabajo formados y especializados en gestión de conocimiento, vinculándose de modo sistémico con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Son los municipios que se han abierto a la evaluación sistemática de su organización y han sistematizado los conocimientos preexistentes sobre su territorio y su gestión, habilitando la participación ciudadana en la toma de decisiones, la implementación de las políticas públicas y en el control de la gestión.

Entienden al municipio como una fuente de generación de datos e información con conocimiento específico sobre el territorio que gobierna, y se dispone a la evaluación y el estudio de los centros de generación de conocimiento científico y desarrollo de tecnología. A su vez, la universidad y los centros de I+D que forman parte de la comunidad del municipio o se encuentra en cercanía, al momento de transferir ideas evalúan la aplicación de  los conocimientos específicos y tecnologías complejas al contexto territorial y de gestión observados.

Esta relación virtuosa entre la ciencia y la política se genera por un compromiso social hacia la comunidad local y establece los criterios sobre los cuales se generan nuevos productos y servicios, y se reconfiguran procesos y formas de organización de la gestión municipal y su relación con la comunidad. En su conjunción, y mediante la participación del sistema productivo local, se generan los procesos de desarrollo local, donde la ciencia, la tecnología, la producción y el gobierno crecen juntos.

 

Cajas negras que necesitan abrirse

En este artículo se identifican en grandes rasgos las controversias que surgen hoy en los Estados municipales en la Argentina, con respecto a la asimilación, incorporación y transferencia científica y tecnológica en sus organizaciones, y la relación entre la ciencia, la tecnología y la política local.

Es escasa la información disponible sobre los municipios, sus agendas políticas, las acciones que implementan, los problemas simples y complejos que enfrentan en sus territorios, su relación con los Estados nacional y provinciales, entre los municipios, y entre el municipio y los vecinos, y la comunicación institucional de los gobiernos locales está extremadamente procesada e influenciada por el marketing político. Así, estas organizaciones públicas parecen ser “cajas negras”: a la ciudadanía y a la comunidad científica se nos permite investigar sus resultados ya elaborados, pero como científicos sociales se nos dificulta hacer “ciencia en acción”.

La demanda ciudadana está en aumento y los territorios se encuentran con problemas estructurales, complejos y multidimensionales.

 

 

Para empezar a entender las características y las relaciones que desarrollan estas instituciones públicas las diferenciamos en tres tipologías: a) los que están en proceso de tecnologización, asimilando la oferta del mercado internacional; b) los tecnológicos, por haber modernizado su gestión de modo trasversal con sistemas informáticos a demanda; y, c) los que han impulsado procesos tecnocientíficos transformando su organización, funcionalidad, agenda política, mediante una vinculación sistémica con el sistema científico-tecnológico nacional.

La diferenciación en  la categorización se basa en: a) su voluntad y decisión política de tecnologizarse; b) las fuentes de conocimiento y tecnología que nutren las decisiones políticas de la gestión municipal; c) la capacidad institucional respecto de recursos humanos especializados en gestión y desarrollo científico-tecnológico; d) los procesos de asimilación, incorporación y transferencia de ideas, conocimiento y tecnología; e) el grado de vinculación con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación; f) la capacidad y voluntad política de llevar a cabo procesos de evaluación de la gestión, difusión de bases de datos e información de la gestión y participación de la ciudadanía.

En el proceso de construcción de una nueva normalidad, los municipios deberían empezar a abrir sus cajas negras: nutrir sus decisiones políticas con conocimiento científico tecnológico nacional; acudir a las universidades nacionales y a los centros de I+D para evaluar y desarrollar potenciales soluciones; pedir asistencia y capacitación a los ministerios de ciencia y tecnología del Ejecutivo nacional y provinciales; generar espacios de desarrollo tecnocientífico de la gestión municipal en la estructura organizacional con personal especializado; y establecer una vinculación sistémica con instituciones de I+D locales para incentivar el desarrollo local, incluyendo al sector productivo local y la ciudadanía.

También, generar una agenda de divulgación social de la ciencia y tecnología; readaptar las normas y herramientas legales y económicas para poder diseñar y desarrollar proyectos, convenios, contratos, licitaciones de carácter de transferencia científica y tecnológica; crear equipos técnicos para la implementación de procesos de evaluación, monitoreo, control y planificación de la gestión desde una perspectiva trasversal y multidisciplinaria; y reconfigurar las estrategias y herramientas de comunicación institucional para permitir una trasmisión de datos e información más auténtica y abierta sobre la gestión, incentivando el control democrático de la ciudadanía y su participación en los procesos de toma de decisiones y la implementación de la agenda pública.

*Especialista en gestión científico tecnológica. Investigadora en el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica “Jose Babini”, Escuela de Humanidades, UNSAM.

ILUSTRACIÓN: Melina C. D’Auria, IG: @euvalmor

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